Según el informe, su acción está tipificada como cohecho activo transnacional en el artículo 397 del Código Penal, que castiga con pena privativa de la libertad no menor a cinco años a funcionarios que pidan a otros omitir sus funciones. Esta conclusión se basaría en las declaraciones del ex presidente de Perú-Petro Antonio Cueto, quien habría dicho que la decisión de suscribir el contrato de licencia del lote 56 para la exportación de gas fue “una directiva del ministro del sector”: Jaime Quijandría.
Además, el informe lo acusa de haber intercedido ante organismos financieros para obtener recursos para el Consorcio Camisea. Además, junto al ministro de Economía de ese entonces, Pedro Pablo Kuczynski, habría dado un beneficio tributario del 2% de inafectación del Impuesto a la Renta al lote 56.
En respuesta, el ex ministro Quijandría descalificó las conclusiones del informe indicando que es el cuarto grupo que investiga Camisea y ninguno ha demostrado que haya responsabilidad penal en el tema. Agregó que el referido grupo se ha excedido en sus funciones.
MÁS DATOS
- El informe asegura que hay suficientes indicios que probarían una concertación entre funcionarios del Ministerio de Energía y Minas y de Perú-Petro para favorecer la exportación de gas a favor del Consorcio Camisea y Perú LNG.
- El grupo que investigó los contratos de Camisea estuvo coordinado por el congresista aprista José Carrasco Távara.
- Consultado sobre este tema, Pedro Pablo Kuczynski indicó que hoy daría su versión.