BOLIVIA: CORRUPCION PETROLERA

Ex asesor de Morales detenido
Mery Vaca

Mery Vaca
Bolivia

El ex presidente de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y ex hombre fuerte del partido de Gobierno, Santos Ramírez, fue detenido este viernes, luego de que la fiscalía lo acusara de actos de corrupción presuntamente cometidos durante su tiempo al frente de la empresa.

Santos Ramírez, ex director de YPFB, el 30 de enero de 2009
Santos Ramírez fue detenido por presunta corrupción.
El presidente Evo Morales destituyó de la presidencia de YPFB a Ramírez el pasado 1° de febrero luego de que se destapara un presunto caso de corrupción en la estatal petrolera, que incluye un supuesto soborno y contratos lesivos al Estado.

El gobierno, tras conocer la detención, envió un mensaje a la oposición en sentido de que la corrupción se castiga sin importar si el acusado es oficialista u opositor. Mientras que los partidos contrarios a Evo Morales consideran que Ramírez es solo la punta de una madeja que apenas empieza a desenredarse.

Ramírez, hasta el último momento de libertad, aseguró que es inocente y sus abogados dijeron que se trata de una persecución política.

La jueza que lo envió a prisión argumentó que Ramírez podría obstaculizar la investigación si se mantiene en libertad. Por eso, deberá defenderse desde la cárcel hasta que se dicte la sentencia.

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Tintes de culebrón

La historia, que adquirió tintes de culebrón porque tras descubrirse el hecho de corrupción Ramírez decidió divorciarse de su esposa, estalló a finales de enero cuando un empresario petrolero fue asesinado en un aparente atraco sin mayores implicancias.

Presidente boliviano Evo Morales (izq.) saluda al nuevo director de la estatal Yacimientos Petroliferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Carlos Villegas Quiroga (31 de enero, 2009)
Morales reemplazó a Ramírez con su ex ministro de Planificación, Carlos Villegas Quiroga.
Sin embargo, la fiscalía estableció que el empresario, cuando fue asesinado, estaba a punto de ingresar a la casa de los familiares políticos de Ramírez a entregar un soborno de 450.000 dólares.

Ese dinero, según la Fiscalía, debía ser pagado a Ramírez porque éste adjudicó una millonaria obra a la empresa Catler-Uniservice, de propiedad del empresario asesinado.

Tras esos hechos, Ramírez anunció por la televisión local, que se divorciaría de su esposa, la diputada oficialista Geovana Navía. Según dijo, fue involucrado en el caso por culpa de sus familiares políticos.

El matrimonio apenas cumplió 20 días pues Ramírez y la diputada Navía se casaron en enero. Ella dice estar embarazada de gemelos y asegura que no pone las manos al fuego por su ex marido.

Los opositores aprovecharon como pescadores en río revuelto. Formaron una comisión para investigar la corrupción y convirtieron ese tema en el único de la agenda nacional durante las dos últimas semanas.

De hecho, los opositores destacaron que haya sido YPFB, la principal empresa del estado, la que esté involucrada en estos hechos. YPFB es la ejecutora de la principal política del gobierno de Morales, que es la nacionalización de los hidrocarburos.

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"Cortarnos una mano"

Sólo la puesta en vigencia de la nueva Constitución y el cambio de gabinete volcaron las miradas a las actividades del Gobierno el anterior fin de semana.

De hecho, en el acto de promulgación de la Carta Magna, Morales tuvo que referirse a este caso. "A ningún corrupto se perdona, sea masista o no masista (refiriéndose a sus militantes). Corruptos a la cárcel, sean familiares o no familiares", dijo.

Plataforma de gas natural en Campo Víbora, Bolivia
El manejo de los hidrocarburos ha sido una de las piedras angulares de la gestión de Morales.
En la misma línea, luego de conocerse la decisión de la justicia, el vicepresidente Álvaro García Linera, dijo que "la persona que tenga indicios de corrupción serios tendrá que vérselas con la Justicia y el gobierno no protegerá, no encubrirá, no apañará absolutamente a nadie".

"Si hemos hecho esto con el compañero Santos, no apañamos ni protegemos corrupción alguna. Y somos capaces de cortarnos una mano, de cortarnos dos manos", con tal de impedir la corrupción, dijo en alusión a la importancia que tenía Ramírez en el gobierno y en el partido de Evo Morales.

En cambio, el presidente del Senado, el opositor Oscar Ortiz, opinó que este caso muestra "una pésima administración que hay en el gobierno con las empresas públicas".

Los opositores aseguran que Ramírez cometió actos de corrupción porque rige un decreto que permite contratar bienes y servicios sin licitaciones y porque los fondos pasan a fideicomisos que salen del control del Ministerio de Hacienda.