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Evolucion del dolar contra el euro

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7 sept 2009

PERU: Preguntas sobre hidroeléctricas en la Amazonía peruana, MARC DOUROJEANNI

En el rápido proceso de ocupación de la selva peruana, caracterizado durante las últimas décadas por infraestructura vial, explotación petrolera y aurífera, además de las actividades agropecuarias y forestales habituales, ha surgido otro elemento determinante. Se trata de la explotación del potencial hidroeléctrico. Los presidentes Alan García del Perú y Luis Ignacio «Lula» da Silva del Brasil lanzaron formalmente, el 28 de abril de 2009, la carrera que debe culminar con la puesta en operación de un número indeterminado de grandes represas en los ríos de la selva alta peruana que, según lo informado, principalmente deben abastecer la insaciable demanda energética del país vecino.
La noticia de la firma del memorando de intenciones entre Brasil y Perú, que entre sus seis puntos contiene uno referente a las hidroeléctricas, fue más comentada en el Brasil que en el Perú, donde pasó casi desapercibida, a pesar de su enorme importancia geopolítica, económica, social y ambiental. En esencia, el memorando plantea permitir que el Brasil estudie, financie, construya y opere hasta seis grandes hidroeléctricas en territorio peruano para abastecer sus necesidades de energía, comprando al Perú gran parte de la energía producida. Las hidroeléctricas escogidas por el Brasil son: Inambari (2.000 MW), Sumabeni (1.074 MW), Paquitzapango (2.000 MW), Urubamba (940 MW), Vizcatan (750 MW) y Chuquipampa (800 MW) y, claro, las líneas de trasmisión correspondientes que serían integradas al sistema brasileño. El costo total de las seis obras sería del orden de los US$ 16.000 millones y el primer proyecto seleccionado es el del río Inambari, en la confluencia de Madre de Dios, Cuzco y Puno, que costaría unos US$ 4.000 millones. Apenas para brindar una idea de lo que se trata, Inambari sería, en términos de generación de energía, la mayor represa del Perú y la quinta mayor de América Latina, con un área de inundación de más de 46.000 hectáreas.
Escarbando la información se descubre que las acciones para hacer realidad el proyecto están siendo implementadas desde mucho antes de la firma del memorando. Según informaciones periodísticas, dos nuevas empresas ya están funcionando en el Perú: la Empresa de Generación Eléctrica Amazonas Sur SAC, conformada en su mayoría por la Engevix, la principal empresa de consultoría del Brasil, y la Inambari Geraçao de Energia, un consorcio conformado por las estatales brasileñas Eletrobras y Furnas y por la empresa constructora OAS, que también es de ese país. Dicen disponer ya de un crédito de US$ 2.500 millones del Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Los estudios, a cargo de la primera de las empresas nombradas, ya estarían siendo realizados por la igualmente brasileña empresa PSR Consultora y subcontratistas, sobre la base de una resolución ministerial de Energía y Minas otorgada en junio de 2008, es decir, casi un año antes de la reunión presidencial. Puede ser verdad que nada de eso fuera un «secreto de Estado», pero también es innegable que el Gobierno no hizo ningún esfuerzo para divulgar ese acontecimiento tan importante para el devenir nacional. De hecho, los seis proyectos de represas no son nuevos. Ellos fueron ya propuestos en la década de 1970, sobre la base de un estudio realizado por una empresa especializada (Lahmeyer-Salzgitter), con financiamiento del gobierno alemán (GtZ) y del Banco Mundial. En ese estudio se detectaron numerosas posibilidades, de las cuales 14 son prioritarias. Los brasileños escogieron las 6 que les son más convenientes.
En este punto, sin mayor información, es difícil evaluar si la negociación en curso para que el Brasil desarrolle y explote Inambari o las otras represas representará un beneficio para el Perú. Lo que sí es evidente es que la construcción de grandes represas en los ríos amazónicos tendrá enormes repercusiones económicas en términos de endeudamiento externo y, obviamente, impactos ambientales y sociales extremos. Hay cuantiosa información sobre esos impactos, especialmente de la Amazonía brasileña, y la verdad es que obligan a reflexionar antes de lanzarse a construirlas. Sus impactos directos incluyen desplazamientos humanos importantes, cambios económicos y sociales no siempre positivos, inundación de tierra fértil escasa, deforestación, eliminación de la fauna, alteración del sistema hidrobiológico y de ecosistemas terrestres aledaños, navegabilidad, problemas especiales de contaminación (generación de metano), etcétera. Los indirectos son peores y se extienden sobre enormes superficies, que incluyen invasión de áreas protegidas y de territorios indígenas, más deforestación, pues la obra atrae más gente y la energía facilita nuevas especulaciones. Todos estos problemas serán aun más graves en las condiciones sui generis de la selva alta, pues los valles son estrechos y los elementos de su biota son raros y muchas veces endémicos.
Las empresas ya han comunicado algunos resultados del estudio de impacto ambiental del Inambari. Este, como era previsible, dice en esencia «que no hay problema» y que los que habrá son fáciles de resolver. Eso es inverosímil cuando ya se sabe, por ejemplo, que el embalse inundará toda la agricultura existente en el área, así como la minería de oro ilegal y varios centros poblados que, además, por las características del valle, no tendrán donde ser relocalizados apropiadamente. También se sabe que se inundará entre 90 y 125 km (dependiendo de la altura final de la represa) de la recién construida carretera Interoceánica, cuyo costo es elevadísimo. Los taludes abruptos de la región no son estables y pueden afectar el embalse. Lo peor es que también inundará parte de la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Bahuaja-Sonene, cuyo futuro quedará amenazado gravemente luego de la reconstrucción de la carretera, pues esta quedará muy cerca del parque. Ya se sabe, por estudios en la misma cuenca, que muchas especies de peces, incluyendo algunos raros, serán drásticamente afectados.
El impacto de las otras represas puede ser mayor o menor que la de Inambari, pero no dejará de tenerlos, y peor será su efecto acumulado. El problema, pues, es muy importante. Antes de lanzarse a hacer las obras, como parece ser el caso, debe discutirse en el nivel nacional y no solo exponerse escuetamente en el ámbito local, en pequeñas reuniones con campesinos desinformados, donde se enfatizan los supuestos beneficios y se escamotean los problemas. Las preguntas que los promotores peruanos de la obra deben responder son básicamente tres:
1. ¿Cuál es el estado actual de la negociación o el nivel actual del compromiso del Perú con las empresas y el Gobierno brasileño en el caso del Inambari y de los otros proyectos? ¿Existe aún posibilidad de discutir el asunto o de buscar otras alternativas?
2. ¿Hasta qué punto avanzarán los estudios de factibilidad del Inambari, sin estudios de adecuados de prefactibilidad?, ¿Podría no realizarse la obra, si sus impactos fuesen excesivos, (como manda la legislación ambiental)?
3. ¿Cuales serán los beneficios para el Perú de un programa hidroeléctrico que, por lo informado, será estudiado, financiado, construido y operado por el país vecino, que también compraría la mayor parte de la producción? ¿Acaso no se tiene en cuenta el riesgo que implica esperar que la hidroeléctrica sea devuelta al Perú ya sedimentada y obsoleta, a pesar de que nuestro país deberá continuar pagando la gigantesca deuda contraída?
Precisamente ahora, el Brasil y el Paraguay están confrontando una situación difícil con relación a Itaipú, que fue construido en condiciones similares a las que se plantean para las seis represas peruanas. El argumento brasileño es que el acuerdo binacional firmado en 1973 ampara su actitud de no pagar más por la energía comprada. Sin embargo, el argumento paraguayo es que ellos ni siquiera pueden pagar la deuda asumida por la construcción, porque el Brasil paga un precio vil por la energía que compran en exclusividad. No importa, en este caso, quien tenga la razón, pero el Perú debería estudiar a fondo ese conflicto antes de embarcarse en acuerdos internacionales semejantes, de largo plazo.
Es perfectamente razonable que el Perú venda energía que no necesita a los países vecinos, como el Brasil, tal como cualquier país lo hace con este o cualquier otro recurso. Eso es normal, deseable y forma parte del proceso de integración continental. Pero antes de tomar la decisión debe realizar todos los estudios económicos, sociales y ambientales que garanticen que los beneficios serán mayores que los perjuicios; es decir, que será rentable en esos tres términos. Los beneficios económicos deben asegurar, además, un mínimo de daños sociales y ambientales o las compensaciones adecuadas. Es más, en este caso debe hacerse una evaluación socioambiental estratégica, que aborde la totalidad del programa hidroeléctrico de la Amazonía y no solamente la del Inambari. Una cosa es «una represa» en la selva alta y otra, muy diferente, son 6 ó 14 represas en los principales ríos nacionales. Además, la lectura del estudio de Lahmeyer-Salzgitter revela que, apenas en el Inambari, podría haber otras cinco represas para «explotar» mejor el potencial. Cada río de la Amazonía podría, en efecto, ser convertido en una sucesión de lagos artificiales, como ya es el caso con varios ríos brasileños. El nuevo Ministerio del Ambiente del Perú debe asumir el problema y exigir los recursos financieros para hacer eso con absoluta independencia.
De otra parte, es difícil entender por qué el Gobierno peruano, que actualmente confronta un serio conflicto social en la Amazonía, precisamente por falta de información y discusión de sus acciones, reincide una vez más, adoptando el mismo comportamiento para las hidroeléctricas proyectadas. La única forma de legitimar este programa es divulgándolo y discutiéndolo seriamente en los niveles nacional, regional y local, y en las instancias políticas, académicas y populares. Esperemos que no se repita la triste experiencia de la carretera Interoceánica, que será parcialmente destruida por la represa del Inambari, que fue decidida con estudios socioambientales mal hechos e inútiles, pues ya estaba financiada y en plena construcción cuando estos fueron terminados.

peru: subimperialismo brasil

http://desafio-peru.blogspot.com/2009/08/hidroelectricas-e-infraestructura-vial.html

Hidroeléctricas e infraestructura vial en América Latina. ¿SUBIMPERIALISMO BRASILEÑO EN ASCENSO? por Ana García Muller
Brasil está en el tercer lugar del ranking de las 100 empresas de países «emergentes» con potencial para desafiar a las transnacionales estadounidenses y europeas.

Son 14 las empresas con origen en Brasil, solamente por detrás de compañías de China e India. Vemos, así, que las empresas con origen en Brasil no sólo crecen, sino que se internacionalizan y ganan más importancia en el escenario internacional, y en la política exterior brasileña, convirtiéndose también en agentes de conflictos entre Estados. Entre los más emblemáticos están los casos de conflicto entre Brasil y Bolivia, debido a la nacionalización del petróleo en aquel país en 2006, y entre Brasil y Ecuador el último año, debido a los problemas causados por la constructora Odebrecht en la construcción de la hidroeléctrica San Francisco.

En general, las empresas transnacionales son uno de los principales motores del desarrollo capitalista. Detrás de una gran empresa hay siempre un Estado fuerte, que la financia y estructura el campo jurídico y político para que ella actúe. Y detrás de un Estado hegemónico hay siempre empresas transnacionales que actúan dentro y fuera del país, llevando su marca y creando su imagen junto a la del país potencia. Esta mezcla entre capital y Estado es característica de la hegemonía capitalista, en la que los intereses de las clases dominantes son presentados como universales.


Transnacionales y «subimperialismo»

La hegemonía estadounidense tuvo como uno de sus principales pilares las Inversiones Extranjeras Directas (IED), la exportación de capital a través de la expansión e instalación de sus empresas por todo el mundo. A través de estas inversiones se construyó una interrelación entre política y economía, expandiendo y profundizando las áreas de influencia y control de los EE.UU. Brasil busca desarrollarse partiendo de este modelo. Marini analizó en los 70 el proceso de internacionalización de la economía brasileña a través de lo que llamó «subimperialismo», del que Brasil, pero también España, serían casos típicos. Ésta es la forma que asume una economía dependiente, al llegar a la etapa de los monopolios y del capital financiero, con una composición orgánica media de los aparatos productivos en la escala mundial, y una política expansionista. El subimperialismo brasileño es el resultado de un fenómeno económico, y de un proyecto político, que tiene su inicio con la dictadura militar.


Políticas públicas para la internacionalización empresarial

En 2006, las 20 mayores empresas transnacionales brasileñas invirtieron 56000 millones de dólares en el exterior. La compra de la minera canadiense Inco pela Vale en este mismo año hizo que Brasil pasara de receptor de inversiones a inversor internacional. Pero también las siderúrgicas, (Gerdau, CSN), manufactureras (Embraer) y constructoras (Odebrecht, Camargo Correa) están entre las principales empresas transnacionales con actividades en diversas partes del mundo, de forma que 77000 trabajadores están empleados por las «transbrasileñas» en el exterior.

Tenemos dos pilares importantes de la conexión entre Estado y empresas: la política exterior y la de crédito. A partir de 2003, con la nueva línea de crédito especial del banco brasileño de desarrollo (BNDES), las empresas encontraron financiación gubernamental específica para su expansión. El objetivo del banco fue estimular la inserción externa de las empresas, si promueven las exportaciones brasileñas. Así, el BNDES modificó su estatuto, y pasó a apoyar empresas con capital brasileño en la implantación de inversiones en el exterior, pero con énfasis comercial, especialmente vinculado a proyectos de integración regional.

Las empresas fueron las grandes beneficiadas de proyectos de integración regional basados en la infraestructura, especialmente en el marco de la IIRSA. Además, en su participación en instancias internacionales, Brasil muestra una postura ambigua: al tiempo que se dice «autónomo» e independiente, busca dejar intactas las verdaderas causas de las asimetrías internacionales. En vez de generar una política exterior que pueda transformar las jerarquías y los mecanismos mundiales que mantiene un sistema desigual, busca precisamente lo contrario: ser parte del juego internacional, para poder convertirse en uno más de los que «dictan las reglas», perpetuando y profundizando así las propias instituciones y mecanismos de poder.


Resistencias y frentes de lucha

Tenemos, por tanto, una situación compleja para las poblaciones afectadas por las ETN brasileñas, dentro y fuera de Brasil. Fuera, las empresas actúan como cualquier otra transnacional, causando diversos problemas ambientales, sociales, laborales, y generando conflictos políticos entre gobiernos y empresas. Violaciones e impactos que se dan también dentro del país. En Brasil, un país con problemas gravísimos de pobreza, desigualdad, injusticia; con una historia de inserción subordinada y periférica en el sistema internacional, la lucha contra las transnacionales brasileñas se vuelve mucho más compleja, diferenciándose en buena medida de las luchas contra empresas europeas y estadounidenses.

Las empresas son representadas por gobiernos y por los medios de opinión pública como los motores de desarrollo nacional, símbolo de un Brasil «moderno» y nuevo, capaces de competir en el mercado internacional entre «las grandes».

Para los movimientos sociales brasileños, esta situación se vuelve más compleja cuando el Gobierno, al tiempo que defiende vehementemente a las empresas, busca dialogar y no entrar en enfrentamiento directo con los gobiernos vecinos. Esta «prudencia» -que en estos casos recibe apoyo de sectores de la izquierda en contra de otros sectores de la elite nacional, que presentan un posicionamiento hostil a los gobiernos progresistas de la región- debe ser entendida dentro de la tentativa de construcción de una hegemonía regional.

Por lo tanto, es necesario que entendamos esta dinámica de la política externa, su representación en la opinión pública, y sus efectos en el imaginario popular. El «subimperialismo» brasileño nos pone en una nueva situación con dos frentes de lucha concomitantes. Tenemos el enfrentamiento directo con las empresas, y los agentes del Estado que las apoyan, contra proyectos destructores de los medios de vida de miles de personas, del medioambiente, absorbedoras de créditos públicos y, de esta forma, de la renta de la población. Aquí, los intereses privados de las empresas se mezclan con el «interés nacional» y la defensa de las empresas en conflicto con gobiernos de otros países se presenta en nombre de toda la población brasileña.

¿El pueblo brasileño está ganando sobre la explotación de otros pueblos? Finalmente, ¿para qué y para quién? Y ésta es la pregunta que queremos plantear aquí. Entendemos que el esfuerzo de crecimiento de Brasil es un esfuerzo de la población trabajadora. Es del trabajo de la población de donde nace la generación del valor, que se hace recurso para el Estado. Entendemos que estos recursos, al ser aplicados en las empresas, en las Instituciones Financieras Internacionales (como el FMI), y en los megaproyectos de infraestructura, están siendo usados de forma perversa, contra los intereses de justicia social, laboral y ambiental de la clase trabajadora.

peru: represa inanbari

La represa de 2,000 MW, lo mas grande en Peru, sera ubicada en la confluencia de Puno, Madre de Dios y Cusco para brinder 75% de su energia a Brasil
Ubicación Peru
Costo Total US$4.000 million
Etapa No Financiado
Contexto[1]

Ya empezaron las negociaciones para la construcción de seis plantas hidroeléctricas en la Amazonía de Perú. Dicho proyecto es una iniciativa de Garcia y Presidente de Brasil, Lula da Silva. Hay bastante preocupación por la naturaleza de la inciativa y sus implicaciones para la región que no están resueltas y que señalan mayor problemas.

En el rápido proceso de ocupación de la selva peruana, caracterizado durante las últimas décadas por infraestructura vial, explotación petrolera y aurífera, además de las actividades agropecuarias y forestales habituales, ha surgido otro elemento determinante. Se trata de la explotación del potencial hidroeléctrico. Los presidentes Alan García del Perú y Luis Ignacio Lula da Silva del Brasil lanzaron formalmente, el 28 de abril de 2009, la carrera que debe culminar con la puesta en operación de un número indeterminado de grandes represas en los ríos de la selva alta peruana que, según lo informado, principalmente deben abastecer la insaciada demanda energética del país vecino.

La noticia de la firma del memorando de intenciones entre Brasil y Perú, que entre sus seis puntos contiene uno referente a las hidroeléctricas, fue mucho más comentada en el Brasil que en el Perú donde pasó casi desapercibida, a pesar de su enorme importancia geopolítica, económica, social y ambiental. En esencia, el memorando plantea permitir que el Brasil estudie, financie, construya y opere hasta seis grandes hidroeléctricas en territorio peruano para abastecer sus necesidades de energía, comprando al Perú gran parte de la energía producida. Las hidroeléctricas escogidas por el Brasil son Inambari (2,000 MW), Sumabeni (1,074 MW), Paquitzapango (2,000 MW), Urubamba (940 MW), Vizcatan (750 MW) y Chuquipampa (800 MW) y, claro, las líneas de trasmisión correspondientes que serían integradas al sistema brasileño.

El costo total de las seis obras sería del orden de los 16 mil millones de dólares y el primer proyecto seleccionado es el del río Inambari, en la confluencia de Madre de Dios, Cuzco y Puno, que costaría unos 4 mil millones de dólares. Apenas para brindar una idea de lo que se trata, Inambari sería, en términos de generación de energía, la mayor represa del Perú y la quinta mayor de América Latina, con un área de inundación de más de 46,000 hectáreas.
Antecedentes

* 1976, Evaluación del Potencial Hidroeléctrico Nacional, proyecto INA 200, uno de los más atractivos a nivel nacional. 1,335 MW
* Noviembre 2006, memorándum de entendimiento entre MEM de Perúy Brasil para establecimiento de una comisión mixta permanente en materia de energía, minería y geología
* Mayo 2008, acuerdo bilateral entre Perúy Brasil de cooperación energética. Construcción de 17 hidroeléctricas en Perú, una de ellas Inambari
* Junio 2008, Concesión temporal a EGASUR para realización de estudios de la Hidroeléctrica Inambari(por 2 años)

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Sobre la Empresa de Generación Eléctrica Amazonas Sur, EGASUR y los estudios

* Empresa de Generación Eléctrica Amazonas Sur, EGASUR. Inscrita en registros públicos de Puno
* Consorcio conformado por OAS (51%), Electrobrasy FURNAS (49%)
* FURNAS forma parte del Consorcio Madeira Energía (presa de San Antonio del Complejo Madeiras)
* El EIA estáa cargo de la empresa ECSA Ingenieros, actualmente en ejecución.
* Se han realizado los primeros talleres informativos (Abril 2009)
* El EIA puede concluir a fines del 2009

Escarbando la información se descubre que las acciones para hacer realidad el proyecto están siendo implementadas desde mucho antes de la firma del memorando. Según informaciones periodísticas, ya está funcionando en el Perú dos nuevas empresas, la Empresa de Generación Eléctrica Amazonas Sur SAC, conformada principalmente por la Engevix, la principal empresa de consultoría del Brasil y la Inambari Geraçao de Energia, un consorcio conformado por las estatales brasileñas Eletrobras y Furnas y por la empresa constructora OAS, que también es de ese país. Dicen disponer ya de un crédito de 2,500 millones de dólares del Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

Los estudios, a cargo de la primera de las empresas nombradas ya estarían siendo realizados por la igualmente brasileña empresa PSR Consultora y sub-contratistas, sobre la base de una resolución ministerial de Energía y Minas otorgada en junio de 2008, o sea casi un año antes de la reunión presidencial. Puede ser verdad que nada de eso fuera un “secreto de estado”, pero también es innegable que el gobierno no hizo ningún esfuerzo para divulgar ese acontecimiento tan importante para el devenir nacional. De hecho, los seis proyectos de represas no son nuevos. Ellos fueron ya propuestos en la década de los años 70 basándose en un estudio realizado por una empresa especializada (Lahmeyer-Salzgitter), con financiamiento del gobierno alemán (GtZ) y del Banco Mundial. En ese estudio se detectaron numerosas posibilidades, de las que 14 son prioritarias. Los brasileños escogieron las 6 de éstas que más les convienen.
Datos referenciales sobre la envergadura del proyecto

* El complejo Madeiras, conformado por las represas de San Antonio y Jirau, juntas tienen una capacidad proyectada de generación de 6,450 MW.
* A nivel nacional, el complejo del Mantaro, que es el más grande, tiene una capacidad instalada de generación de 1,008 MW y estácompuesta por dos represas.
* La explotación del gas de Camisea, que contemplóla construcción de plantas y el sistema de transporte, representóuna inversión de US$3.300 millones.
* El embalse sería el segundo cuerpo de agua más grande del Perú


Sobre los beneficios del proyecto

* Respecto a los beneficios que se espera reporte el proyecto, estos estarían en función de la exportación de energía a Brasil. De acuerdo a las declaraciones el ex ministro de Energía y Minas, se espera que parte de la energía generada quede para el consumo nacional, sin embargo, hasta el momento no se dispone de información referente a porcentajes de energía destinados a la exportación y consumo nacional, aunque se espera que la mayor parte sea para exportación.
* De otro lado, considerando que la inversión seráde capital privado, los ingresos del estado peruano son los comprendidos en el impuesto a la renta y el pago único por uso del agua establecido en la Ley General de Agua.
* En lo referente al CANON HIDROENERGETICO, este estácompuesto por el 50% del pago del impuesto a la renta, por lo tanto no constituye otro pago adicional.
* Se ha mencionado la creacion de 4,000 nuevos empleos.

El proyecto en relación al Corredor Vial Interoceánico del Sur (CVIS)

Se sabe que se inundará entre 90 y 125 km (dependiendo de la altura final de la represa) de la recién construida carretera Interoceánica cuyo costo es elevadísimo. De acuerdo a la información disponible sobre la descripción del proyecto, el embalse de la presa estaría afectando:Tramo 3: 1.3 Km.Tramo 2: 43.3 Km.Tramo 4: 61.5 Km.TOTAL: 106.1 Km.

[1]Esta seccion fue desarrollada en base a los articulos de Marc Dourojeanni y Martin Arana.
[volve a Contexto]

22 jun 2009

PERU: EFECTOS DE BAGUA

Hechos en Bagua pueden afectar a la economía más que el 'arequipazo' del 2002

8:25 | Esta vez no se trató de hechos violentos focalizados. Las inversiones en las zonas convulsionadas se verán afectadas

Por Ricardo Serra Fuertes

Hay un conocido refrán que dice “no hay nada más cobarde que un millón de dólares”, que se refiere a que las inversiones huyen cuando se percibe que las cosas podrían ir mal.

Así, no debería sorprender que las inversiones dejen de llegar a zonas de la selva o, en general, al Perú, luego de lo ocurrido en Bagua (ver el sondeo de la página 11) o lo que podría venir en Andahuaylas. ¿Estos eventos son comparables con el “arequipazo” del 2002, que surgió como rechazo a la inversión privada en las eléctricas Egasa y Egesur?

Para el economista Kurt Burneo, no son hechos comparables. “Lo de Arequipa fue una cosa focalizada que fue revertida con anticipación. Si tuvo un efecto, quizá estuvo circunscrito a la actividad local de servicios turísticos en Arequipa. Pero no se compara con la magnitud de las inversiones para la exploración petrolera, que son cifras mucho mayores”, agregó.

Por su parte, Óscar Chávez, economista senior del Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial de la Cámara de Comercio de Lima, opinó que la imagen negativa del Perú, tras los hechos de Bagua, podría ser eliminada dependiendo de cómo solucione las cosas el Gobierno.

“Lo de Arequipa fue en el 2002, y ese año el Perú inició el ciclo económico expansivo. La inversión privada fue creciendo y si hubo una caída de la inversión, fue zonificada”, refirió Chávez, quien agregó que si hechos como los de Bagua se repitieran de manera sistemática, evidentemente la inversión privada se vería afectada.

Patricia Teullet, gerente general de Cómex, opina que es inevitable que lo ocurrido en Bagua ahuyente a la inversión. Además, a ello se sumarían próximos hechos de incertidumbre como las elecciones regionales y generales, que tendrían un efecto similar en esta variable.

CÓMO AFECTA
La desaceleración de la inversión privada en el Perú, producto de la crisis (y que con lo de Bagua podría empeorar) afecta directamente a la demanda interna, que en el 2008 explicó el 99% del PBI. Por ejemplo, según cifras del BCR, la demanda interna crecería este año solo 2,4%, cifra mucho menor que el 12,3% del 2008.

“Con la política fiscal expansiva y el programa de estímulo económico, la demanda interna solo crecería 2,4%, y eso es porque el consumo privado y la inversión privada se están retrayendo”, dijo Chávez.

Por su parte, Burneo señaló que la inversión extranjera directa (IED) también se ve afectada por la crisis mundial, que ha debilitado los precios de los metales y, en consecuencia, a la minería, un sector clave. “La caída de los precios de los metales, a pesar de que se han recuperado algo, ha originado que la IED presente también un nivel de retracción y no se recuperará hasta que lo hagan los precios de las materias primas”, opinó.

Por su parte, Teullet dijo que para que no siga la tendencia decreciente de la inversión privada, el Perú tiene que aprovechar los proyectos que ya están asegurados, como la planta de tratamiento de agua de Taboada y el del Muelle Sur del puerto del Callao de Dubai Ports, por más de US$600 millones.

“Además, hay una iniciativa privada de Dubai por US$1.300 millones para tomar la parte norte del muelle. ¿Imaginas la señal en el orden internacional que sería poder decir que en el peor momento de la crisis el Perú capta una inversión de esa magnitud?”, refirió la economista.

ElMercurio de Chile: Gobierno peruano pierde por nocaut ante la opinión pública


Estudio publicado ayer tras las protestas en Bagua: Gobierno peruano pierde por nocaut ante la opinión pública El 57 % de los encuestados cree que los indígenas tenían la razón en el conflicto de la Amazonia. El 93% dijo que debieron ser consultados sobre los recursos naturales.

La opinión pública peruana dictó su fallo en el caso de la crisis de la Amazonia: mientras el 57% cree que la razón estaba del lado indígena, un 18% se la da al gobierno de Alan García.

La tradicional encuesta mensual de la firma Ipsos Apoyo, publicada ayer por el diario peruano El Comercio, reveló números contundentes. Así, el 93% de los entrevistados dijo que los decretos resistidos debieron consultarse con los indígenas antes de ser adoptados. Sólo el 5% opinó en contra.

El asunto no es menor, porque al final los argumentos quedaron reducidos a este punto.

Más allá de si los decretos sobre la explotación de recursos naturales eran o no buenos para la Amazonia, la pregunta era por qué el gobierno no se los comentó a los nativos, no sólo por lógica política y social, sino que además porque así lo ordena la OIT en convenios de los que Perú es suscriptor, señaló un análisis de la agencia DPA.

Consultados los peruanos sobre quién tiene la culpa de los sucesos ocurridos en Bagua, en los que murieron al menos 34 personas, un 57% mencionó al Presidente García, 39% a la ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, y un 24% al presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon.

En el cuarto lugar y empatado con la Policía con 17%, está el ahora asilado en Nicaragua líder indígena Alberto Pizango, en quien el gobierno personifica responsabilidades. El 11% cree que la culpa fue de extranjeros y un porcentaje igual indica a extremistas infiltrados. Una tesis de García señala un complot ultraizquierdista con apoyo foráneo.

A las comunidades originarias sólo las culpa el 7%, mientras a las organizaciones no gubernamentales, satanizadas desde la contraparte, apenas el 5%.

Además, aunque no hay pruebas de que los indígenas muertos sean más que los diez reconocidos oficialmente, el 63% tiene la convicción de que los nativos caídos superan la cifra de policías muertos, fijada en 24.

En una amplia lista de personas o colectivos, sólo los indígenas tienen "superávit" de apoyo en la opinión pública: el 51% cree que estuvieron bien, contra el 37% que rechaza su conducta.

En ese marco y como era obvio, en este mes la aprobación del Presidente García cayó de un 30 a un 21% y la desaprobación saltó de un 62 a un 76%.

Además, el 73% quiere la salida de Cabanillas y el 63% la de Simon. Según DPA, el gobierno ha salido muy golpeado por una crisis que muchos atribuyen a su soberbia, al margen de que el 53% (contra 29%) apoye su decisión de derogar los decretos, por lo que tendrá que hilar fino si quiere recuperarse.

"En medio de todo seguimos siendo un país altamente presidencialista, con un Presidente que asume toda la culpa de lo que haga el gobierno".

Jorge Santiestevan Ex defensor del pueblo.

"El conflicto de la selva representa la peor crisis política que ha sufrido el gobierno en sus casi tres años de gestión".

Alfredo Torres Director de la consultora Ipsos Apoyo.

FICHA TÉCNICA

El sondeo de Ipsos Apoyo se realiza con una muestra de 1.000 personas de 16 ciudades del país. Su margen de error es de 3,1%.


12 jun 2009

El rebote de la noticia en el extranjero

Multitudinarias marchas en apoyo a indígenas en Perú

11 de junio de 2009, 07:52 PM

LIMA (AP) - Miles de personas, entre indígenas, obreros y estudiantes, marcharon el jueves en diferentes ciudades en apoyo a los nativos amazónicos que protestan por decretos que consideran van a permitir la explotación de petróleo y gas en sus territorios ancestrales, en tanto el gobierno creó un grupo especial para dialogar con los indígenas.

"Para resguardar el orden público se ha decretado la inamovilidad de la policía por 24 horas", dijo vía telefónica a la AP el Director General de la Policía Nacional, José Sánchez Farfán,

En Lima, unas 4.000 personas marcharon hacia la sede del Congreso, pero fueron impedidos de seguir por la policía antimotines. Reporteros de AP observaron que estudiantes lanzaron piedras y bombas incendiarias caseras a los efectivos, que respondieron arrojando gran cantidad de gases lacrimógenos.

Testigos informaron que hubo detenidos, sin confirmación oficial de inmediato.

La movilización indígena es respaldada por la mayor central obrera, Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), así como por organizaciones de izquierda.

En la ciudad selvática de Yurimaguas, a 690 kilómetros al noreste de Lima, donde los nativos mantienen bloqueada la carretera que los une con Tarapoto, cientos marcharon coreando consignas como "la selva no se vende, la selva se defiende".

En la ciudad de Arequipa, al sudeste, unas 7.000 personas marcharon hasta la plaza principal y en la región Puno, fronteriza a Bolivia, hubo marchas en Juliaca, Azángaro, Ilave y la capital Puno.

La policía dijo que en Puno desfilaron unas 5.000 personas, y que grupos de estudiantes destruyeron a pedradas ventanas de una sede del partido oficialista APRA y que un policía resultó herido en la cabeza.

También en la ciudad costera de Chiclayo, al norte, unas 2.500 personas participaron en las marchas.

El gobierno promulgó el jueves una resolución suprema en el diario oficial El Peruano que establece la creación de un Grupo Nacional de Coordinación para el Desarrollo de los Pueblos Amazónicos, con la misión propiciar el diálogo con los indígenas.

"Se ha nombrado una comisión de trabajo donde están los presidentes regionales, el gobierno, los apus (jefes) de los diferentes grupos amazónicos, y junto a ellos, Defensoría del Pueblo, la Iglesia Católica, y la Iglesia Evangélica van a trabajar para estar nutriéndose, y buscar una salida definitiva al problema de la Amazonía", dijo el jefe del gabinete Yehude Simón, en rueda de prensa con corresponsales extranjeros.

Desde La Habana, el presidente boliviano Evo Morales lamentó "lo que ha pasado con los hermanos indígenas en Perú. Espero que de verdad las reivindicaciones del movimiento indígena sean atendidas", acotó Morales, quien visita Cuba.

Simon aclaró que Perú no le ha atribuido "ninguna responsabilidad" al gobierno boliviano por la protesta indígena, pero dijo que sí había "llamado la atención" que Morales enviara una carta hablando de revolución a los participantes de una cumbre de indígenas, que se realizó en mayo en la ciudad de Puno.

En La Paz, el vicepresidente boliviano Alvaro García Linera señaló a la prensa que "las rebeliones no se dan por una carta, ni por un manifiesto. La historia enseña que la gente se rebela por sus propias condiciones de vida, por sus angustias o por sus miserias"..

La creación del Grupo Nacional de Coordinación por parte del gobierno peruano se concreta un día después que el pleno del Congreso aprobó la suspensión por tiempo indefinido de la vigencia de dos decretos cuestionados por los indígenas, para dar tiempo a la búsqueda de una solución al conflicto.

Un paro y protesta nativas, iniciados el 9 de abril, derivó el viernes de la semana pasada en enfrentamientos entre nativos y policías, en los que hubo 23 agentes muertos, uno desaparecido, y 9 civiles fallecidos, cinco de ellos indígenas, según cifras oficiales.

Los indígenas no están satisfechos con la suspensión de los decretos, y exigen su derogatoria inmediata.

El jueves siete congresistas opositores nacionalistas fueron sancionados con 120 días de suspensión de labores por haber protestado por la decisión del congreso de solo suspender los decretos, permaneciendo sentados en el piso en el medio del hemiciclo con mensajes de apoyo a la protesta indígena.

El presidente García tomó juramento el jueves a los nuevos ministros de Vivienda, Francis Allison, y de la Mujer y Desarrollo Social, Nidia Vílchez. Los cambios fueron motivados por la renuncia el lunes de Carmen Vildoso, al portafolio de la Mujer y Desarrollo Social, por discrepar con el manejo gubernamental en el conflicto con los indígenas.

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11 jun 2009

LA AMAZONIA, DECLARACION

Expresar mi pesar y solidaridad con el dolor de los familiares de nuestros conciudadanos, indígenas amazónicos y policías, víctimas de los graves enfrentamientos ocurridos desde el día viernes 5 de junio.

Estos deben cesar por lo que el toque de queda y los estados de emergencia debieran suspenderse de inmediato para no seguir echando gasolina al fuego. No más asesinatos.

Las comunidades originarias deben encontrar a sus desaparecidos, atender a sus heridos y enterrar a sus muertos según sus creencias.

La verdad de lo acontecido debe ser esclarecida, por lo que urge una investigación neutral que determine el número de victimas civiles y lo que aconteció en la “curva del Diablo”.

La Defensora del Pueblo debiera convocar a instituciones civiles independientes y el Estado, creando un mecanismo autónomo para retomar el camino del necesario acuerdo entre partes.

Para que ese dialogo sea viable urge la derogatoria de los decretos legislativos que instrumentaron la brutalmente fracasada teoría del “perro del hortelano”.

En la ansiedad de entregar los hidrocarburos, el gas, los bosques, el agua, el oro, los recursos bio diversos a los capitales foráneos, al pretender desnacionalizar nuestra amazonía no se ha reparado en los acuerdos internacionales vigentes-que son ley de la Republica- y el propio alcance de las facultades delegadas por el Poder Legislativo. El resultado de preferir al TLC EE-UU. al pacto amazónico es esta tragedia.

Por eso, a las bancadas parlamentarias que han bloqueado hasta la fecha cualquier esfuerzo de solución concertada, les toca reconsiderar sus conductas para derogar los Decretos.

Debe desaparecer las amenazas de persecución contra los opositores del gobierno y silenciarse la abierta incitación a la violencia diseminada por voceros pro gubernamentales, que impiden crear un clima de paz. Ayudaría a ese clima el levantamiento de la orden de captura contra Pizango y la nulidad de la suspension del mandato de los parlamentarios comprometidos con sus pueblos andino amazonicos.

Debe renovarse el gabinete actual por su doble responsabilidad en el fracasado intento de resolución violenta del conflicto y la lenidad que han tenido para encontrar una vía pacifica de acuerdo con AIDESEP y los apus. Será difícilmente aceptado como interlocutor valido de cualquier solución política del conflicto al comprobarse el letal desenlace y la inutilidad de sus descalificadores adjetivos contra los representantes de los pueblos amazónicos

Decir que estos sucesos han sido parte de “un complot internacional” es inaceptable. Más bien se interpretan como que pretenden desvincular la responsabilidad del jefe de Estado en el derramamiento de sangre. Máxime si importantes inversionistas extranjeros con intereses en la selva han sido recientemente recibidos en la casa de Pizarro. No debiera repetirse.

La lucha de los pueblos amazónicos es justa, advierte Chirif. Dura décadas. Hace un año realizaron un paro por lo mismo. Desde entonces usaron todos los mecanismos que la ley les faculta para ser escuchados. Fueron desoídos. Peor fueron insultados, sus territorios amenazados, baleados y excluidos de las decisiones sin respetar su cosmovisión y racionalidad.

Es tiempo de dar curso a sus demandas a quienes han dado pruebas indubitables de su compromiso con la integridad territorial de nuestra patria y de querer una visión compartida del futuro con los peruanos de todas las sangres.

Si para eso es necesario ponerle bozal al “perro de la guerra”, Paris bien vale una misa.

PERU: GRANDES MANIFESTACIONES, EL PAIS

Las protestas de la selva llegan a las ciudades en Perú

Los manifestantes en apoyo a los nativos y la policía se enfrentan en las calles de Lima

EFE / ELPAÍS.com - Lima / Madrid - 12/06/2009

Decenas de miles de personas han salido a la calle en Perú en solidaridad con los pueblos nativos de la Amazonia y en rechazo a la postura del Gobierno respecto a la llamada ley de la selva. En Lima, la capital, se han producido duros enfrentamientos entre la policía y los asistentes a la manifestación, convocada por organizaciones sindicales, universitarias y civiles.

    Perú

    Perú

    A FONDO

    Capital:
    Lima.
    Gobierno:
    República.
    Población:
    29,180,899 (est. 2008)

La noticia en otros webs

La marcha convocada en la capital del país tuvo un inicio pacífico, pero cambió de cariz cuando un grupo de jóvenes rompió el cerco policial, que les impedía acercarse al Palacio de Gobierno, y comenzó a correr en dirección al Parlamento. Las astas de las banderas, que hasta ese momento habían enarbolado frases como "la selva no se vende", "Alan asesino, igual que el Chino [en referencia al ex presidente Alberto Fujimori]" o "No más derramamiento de sangre por culpa de los otorongos (congresistas)", se convirtieron entonces en proyectiles y palos cuyo objetivo era la policía.

La policía respondió al ataque con bombas lacrimógenas, cuyo gas provocó el caos entre los manifestantes, que respondieron con nuevos lanzamientos de piedras y botellas de vidrio, así como algunos cócteles molotov.

En el resto de las principales ciudades del país las marchas también fueron numerosas, aunque no derivaron en episodios violentos.

Polémica sobre la ley de la selva

El decreto legislativo 1090, conocido como ley de la selva, que modifica la Ley Forestal del año 2000, fue aprobado el 28 de junio de 2008 como parte de un grupo de leyes propuestas por el Ejecutivo peruano para adecuarse a las condiciones del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. El Gobierno sostiene que la norma pretende regular y supervisar la gestión y aprovechamiento sostenible de los recursos forestales, incluyendo concesiones de ecoturismo y de conservación, a través de una autoridad dependiente del Ministerio de Agricultura.

Sin embargo, los indígenas de la Amazonia peruana temen que los decretos abran la puerta a una descontrolada inversión privada y denuncian que la norma fue aprobada sin el consentimiento de los pueblos nativos, contra lo establecido por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Este miércoles, el congreso peruano decidió suspender durante 90 días esta ley , con el objetivo de estudiar posibles modificaciones y encontrar una salida a los problemas con los pueblos nativos amazónicos.

Desde hace dos meses, unas 5.000 personas de más de 60 tribus peruanas, aglutinadas en la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), se han pronunciado en contra de dichos decretos y han bloqueado carreteras y vías fluviales, y han obstaculizado las operaciones petroleras y gasíferas de la región, lo que ha causado que varias ciudades sufran desabastecimiento de alimentos y cortes de energía.

El episodio más violento se produjo el pasado fin de semana, cuando 34 personas murieron en los choques entre los nativos y la policía, que intentaba romper los bloqueos en las carreteras y oleoductos que estaban asfixiando a varias ciudades de la selva peruana. Los peores enfrentamientos ocurrieron cerca de la localidad de Bagua Chica, a unos 700 kilómetros al norte de Lima.

6 jun 2009

PERU:FINANCIAL TIMES,Protests over Peru land rights escalate

By Naomi Mapstone in Lima

Published: June 4 2009 03:00 | Last updated: June 4 2009 03:00

Peru’s investment-friendly government is under intense pressure from Amazonian indigenous communities, whose protests over new land rights laws have curtailed oil and gas production, blocked roads and ports and interrupted train services to the Macchu Picchu Incan ruins.

The demonstrations by the Awajun, Huambis and Asháninka communities have prompted warnings of fuel rationing within a fortnight, even before the capture at the weekend of two valves on the sole pipeline between Peru’s Camisea gas field to the coast.

PERU:LAJORNADA MEXICO, REPORTA VIOLENCIA

PERU:EL PAIS, AUMENTAN FALLECIDOS

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NR.: Director, no presidente ---------------------------------------------- Bruno Seminario 1 ------------------------- Bruno Seminario 2 -------------------- FELIX JIMENEZ 1 FELIZ JIMENEZ 2 FELIX JIMENEZ 3, 28 MAYO OSCAR DANCOURT,ex presidente BCR ------------------- Waldo Mendoza, Decano PUCP economia ---------------------- Ingeniero Rafael Vasquez, parlamentario 24 set recordando la crisis, ver entrevista en diario

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